Columnista invitada.
Juana Carolina Londoño Jaramillo, Representante a la Cámara por Caldas.
Este 2023 se ha caracterizado por una pregunta común que ya recorre prácticamente todos los escenarios de la vida pública nacional: ¿Hacia dónde vamos?
Y el interrogante aplica para diversas temáticas. Hacia dónde vamos en economía, hacia dónde vamos en medio ambiente, hacia dónde vamos en la lucha contra la pobreza y obviamente hacia dónde vamos en materia de seguridad ciudadana.
En este aspecto de acuerdo con las cifras no solo de las autoridades sino de centros de pensamiento e investigación el último trimestre del 2022 y el primero del 2023 deja en nuestro país un aumento de los llamados delitos de alto impacto.
Así las cosas, mientras el país político digiere la intención de la llamada estrategia de paz total propuesta por el gobierno nacional, varios de los actores delincuenciales pareciesen han tomado un “aire” en diversas zonas para sembrar zozobra e incertidumbre en las bases sociales las cuales son las que viven en carne propia hechos como el homicidio, el hurto callejero y el micro tráfico.
Según las estadísticas delitos como el secuestro tuvo un aumento del 43,6% y el hurto a personas en el comparativo de enero del 2022 y enero del 2023 tuvo un aumento del 26%. En el caso de la extorsión el incremento comparativo en iguales meses es del 33%.
Si bien recientemente el Ministerio de Defensa hizo la presentación oficial de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana “garantías para la vida y la paz”; el ambiente de urgencia en decenas de ciudades capitales y municipios en donde los índices de percepción de inseguridad alcanzan históricos, lleva a plantear que su implementación y la premura por mostrar resultados no da mayor tiempo de maniobra.
Sumado al trámite en el Congreso de la República de proyectos de ley como el que plantea un nuevo escenario de justicia restaurativa y que a juicio de analistas “envía un mensaje confuso a la opinión pública” dado que el concepto de humanización de la política criminal se interpreta como laxitud frente a los delincuentes en aras de enfrentar lo que se denomina el afán punitivo.
Requerimos con prioridad del gobierno nacional y los altos mandos de Policía y Fuerzas Militares contundencia en su accionar, con directrices claras para recuperación de la tranquilidad ciudadana.
Saber gestionar con prontitud los reclamos ciudadanos ligados a su anhelo de sentirse seguros, es sin duda el gran reto.