Hoy nuestro columnista invitado el Senador Guido Echeverri, nos entrega su opinión sobre los recientes acontecimientos que involucran al Presidente Gustavo Petro.
A caballo sobre los últimos escándalos que han copado la agenda informativa, judicial y política de Colombia durante las últimas semanas, pareciera que los tiempos del gobierno se han detenido. Y que la gobernabilidad definida como “un estilo de gobierno caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores no estatales en el interior de redes de decisiones mixtas públicas y privadas…”, se ha debilitado.
La ejecución presupuestal de los distintos sectores del Gobierno, es bajísima. Hay casos como los del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología donde la ejecución no llega siquiera al 10% a esta altura del tiempo. Pocos datos tenemos del avance de la compra de tierras para implementar la reforma rural integral. Son bastante descorazonadores los logros en materia de paz y seguridad ciudadana. Siguen asesinando líderes sociales y reinsertados y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos con más de 2 billones de pesos en caja, fruto de la declaratoria de desastre natural, no atiende los mínimos y urgentes problemas de las comunidades afectadas por el invierno. En Caldas aún tienen a Supía virtualmente abandonado y a los habitantes de Rosas (Cauca) sin un plan serio de reubicación.
Altos cargos del Estado están aun sin titular; no fue suficiente el llamado de los artistas y actores culturales que le reclamaron a Gustavo Petro por la interinidad en el Ministerio de Cultura; el Dr. Zorro sigue ahí, encargado.
Fuera de un problemático cese bilateral del fuego con el Eln y las conversaciones sin base jurídica (no se ha iniciado el trámite formal en el Congreso de la ley de sometimiento de bandas criminales) con algunos grupos delincuenciales entre ellas los de Medellín, pactos ya acordados como el que se firmó entre los Shiotas y Espartanos en Buenaventura, hacen agua.
Las reformas al sistema de seguridad social en salud, al régimen laboral y a las pensiones, siguen hibernando en el Congreso mientras se agrietan más las relaciones entre este órgano del poder y el Ejecutivo.
Las reformas a las leyes 115 general de educación y 30 de educación superior no han sido presentadas todavía cuando ellas entrañan la realización de profundos debates y muy sofisticados consensos; fueron componente muy importante de las propuestas de campaña del presidente Petro.
Vistas estas dificultades para ejecutar el plan de gobierno y atender las demandas sociales, pareciera que estuviéramos entrando en una situación de déficit de gobernabilidad como lo llaman los teóricos de la ciencia política, es decir, a un desequilibrio o anomalía entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental.
Siendo que la gobernabilidad implica ganar un alto grado de cooperación entre el propio Estado y los actores no estatales, lograrla no es solo responsabilidad del Gobierno. Este sí tiene la obligación de crear las condiciones para que ella se concrete y esa circunstancia pasa por facilitar los acuerdos, privilegiar la cooperación y mantener la virtuosidad del diálogo.
A veces ciertos actores no estatales no ayudan: son insensibles en muchos casos a la desigualdad y la pobreza, trivializan la violencia y la muerte cuando no los tocan, discriminan al pobre, al negro y al indígena, manejan el poder público con un criterio patrimonialista, se oponen tozudamente a las reformas y satanizan el reconocimiento y desarrollo de ciertos derechos y libertades. Estos sectores dificultan sin duda la gobernabilidad, más en un gobierno de cambio, el primero de izquierda en la historia de Colombia.
Pero cuando el presidente twittea como un poseído, afrenta los medios de comunicación, desafía el Congreso, construye coaliciones políticas inverosímiles, intenta sugerir la aparente dicotomía pueblo-instituciones a su favor, usa un lenguaje desafiante y confrontacional para referirse a sus contradictores por más sensatos que ellos sean y se inmiscuye en asuntos internos de las organizaciones gremiales, no está actuando a favor de la construcción de una seria gobernabilidad.
La diferencia es que el Presidente en un sistema político como el nuestro, es el jefe de Estado, comandante de las fuerzas militares y de policía, y máxima autoridad administrativa del país. Elegido por voto popular tiene como mandatos inexcusables, gobernar para todos, ser más tolerante con quienes lo contradicen para no estar cambiando ministros cada quince días o prescindiendo de tarde en tarde de compañías cercanas peligrosas.