Varios sectores políticos encendieron las alarmas en el Congreso por la radicación de un proyecto de ley que pretende, entre otras, que la protesta y la movilización social se entiendan como un derecho fundamental que las autoridades deben permitir.
El texto, que llegó a la Cámara de Representantes auspiciado por miembros del partido de Gobierno, señala que “el Estado debe garantizar las condiciones para que la sociedad civil pueda salir a la calle”. Es decir, limita a las autoridades a prohibir, restringir, bloquear, dispersar o perturbar las protestas sociales y las manifestaciones públicas.
El representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid señaló que “el proyecto de ley del Pacto está configurando un escenario para limitar los derechos de expresión en los medios de comunicación, obligando a la prensa a darle más espacio a los manifestantes que a un partido político”.
“Hay una restricción de las decisiones del orden público y una anulación de la acción de la fuerza pública y de la libertad de los medios de comunicación de la protesta”, añadió en su pronunciamiento el congresista.